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México D.F a 19 de enero de 2004.

A la mesa directiva Cámara de Diputados.
A las comisiones de presupuesto y cuenta publica, hacienda.
A los coordinadores de las fracciones parlamentarias.


Le solicitamos la integración de una comisión especial para que se haga una investigación detallada del ejercicio presupuestal de la federación, específicamente del gasto del capítulo 1000, servicios personales del presupuesto, así como del capítulo 3000, servicios generales, Esta solicitud la realizamos en base, a las recientes declaraciones presidenciales en el sentido de que tiene el propósito de cancelar 200 mil plazas, a pesar de que el congreso de la unión aprobó el presupuesto para la planta laboral actual. Solicitamos participara en los trabajos de esta comisión.

Deseamos la investigación también debido a la preocupación de que se ha modificado la estructura política administrativa, generando una gran cantidad de plazas de funcionarios medios y superiores en detrimento de los recursos financieros para pagar salarios decorosos al personal operativo y en perjuicio de la calidad y cantidad de servicios públicos al no cubrirse las plazas que requieren las instituciones para cumplir con sus responsabilidades ante la sociedad mexicana. Consideramos que se debe investigar y evaluar los programas de retiro voluntario, que en los hechos han significado el despido masivo de servidores públicos, generando distorsiones mayores en el manejo presupuestal de los presupuestos asignados y en la planta laboral ya que se realizan contrataciones, al margen de la ley, en las modalidades, de honorarios, eventuales, voluntarios, promotores, etc. Y transfiriendo parte de estos recursos al sector privado, al concesionarse a particulares funciones y actividades del estado.

El estado mexicano en las últimas dos décadas ha sido objeto de múltiples presiones por parte de los grandes capitales nacionales e internacionales con el fin de que las instituciones mexicanas abandonen sus tareas en el ámbito económico y social, y permitir y fomentar la transferencia de sus funciones al sector privado. La desaparición de instituciones de apoyo al campo y a la producción, la privatización del sector de telecomunicaciones y de las grandes industrias se expreso en la desaparición de cerca de 1000 dependencias y empresas públicas. La privatización del sector publico, a significado la inmoral apropiación de la riqueza nacional en unas cuantas manos, la precarización del empleo, la mercantilización de los servicios públicos y la elevación de costos para el pueblo de México.

En los últimos 3 Años, las acciones contra el sector público se han agudizado, afectando aun más los deteriorados públicos que el estado tiene la responsabilidad de garantizar al pueblo de México.

La política antilaboral contra los empleados públicos, con despidos, inestabilidad en el empleo, reducción de derechos sociales y desaparición de las pensiones, es una acción contra los servicios públicos a que tiene derecho el pueblo de México y que es responsabilidad del Estado garantizarlos. La pretensión de cancelar 200 mil plazas, para reemplazarlas por personal de empresas privadas representará un mayor costo para el erario, la precarización del empleo y la mercantilización de los derechos sociales de los mexicanos.

El Estado requiere de recortar personal innecesario y costoso que se ha incrementado escandalosamente como personal de confianza, y otras contrataciones que están al margen de la ley y de las relaciones laborales de las instituciones. Se estima que cerca del 15% de la plantilla de personal conformado por funcionarios y personal de confianza absorben alrededor del 50% del presupuesto de servicios personales, mientras que al personal de base que representa el 85% de la planta laboral le corresponde menos del 50% del gasto destinado a salarios.

Los mandos superiores, medios y las plazas equivalentes tienen compensaciones bonos y estímulos de cerca del mil por ciento de su salario base, las percepciones de mas de 150 mil a 250 mil pesos mensuales, son insultantes ante la pobreza de la población y los magros salarios de la mayoría del personal administrativo y operativo que reciben de 1500 a 2 mil pesos a la quincena.

El presidente Fox, se comprometió a mejorar la calidad del funcionamiento de las instituciones y a corregir las incongruencias de la planta laboral, ha reiterado la necesidad de profesionalizar el servicio público y ordenar la estructura administrativa de las dependencias. Sin embargo los responsables de la política laboral y la secretaría de hacienda han profundizado el caos en la estructura laboral y administrativa, reduciendo la capacidad operativa del gobierno.

Se requiere de la racionalización del gasto, mediante la regularización y profesionalización de la planta laboral, para lo cual se deberán eliminar los puestos y estructuras innecesarias, así como desaparecer las compensaciones y bonos extraordinarios que reducen los recursos presupuestales para el mejoramiento del personal sustantivo que atiende directamente los servicios a los mexicanos. demandamos al Congreso de la Unión su intervención para que el gobierno federal suspenda la transferencia de los servicios públicos al sector privado.

El país requiere de la creación de mas de un millón de empleos anuales, la política de despidos masivos y la cancelación de oportunidades de trabajo para la mayoría de los mexicanos, no contribuye en nada a lograr la estabilidad y el desarrollo social y económico prometido y abre el camino para lo estallidos sociales.

Antonio Vital           Alfredo Ramírez