EL CONFLICTO EN EL IMSS

José Antonio Vital Galicia[1]

El relevo en la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se da ante el escalamiento del conflicto obrero patronal que amenaza extenderse a otras organizaciones sindicales que ven en riesgo sus contratos colectivos. La Secretaría de gobernación operó la salida de Levy, negociando los cambios al Contrato Colectivo del IMSS, simultáneamente a los acuerdos parlamentarios para reformar la ley del ISSTE.

El cambio en los regímenes de pensiones está cuestionado debido a que no se ha justificado el saqueo de los fondos de jubilaciones a lo largo de las últimas dos generaciones de trabajadores, y aunque gobierno y empresarios se empeñan en difundir la quiebra del sistema por las "pensiones privilegiadas de sus trabajadores", la manipulación de datos sobre los costos de las pensiones para los próximos 30 o 50 años, es evidente con las cifras del propio informe del director del IMSS; por un lado señala que la nomina de pensiones en los últimos años representaron un porcentaje menor al 6% del presupuesto anual del IMSS y por otro presenta un alarmante dato sobre la elevación de sus obligaciones patronales de 400 a 700mil millones de pesos en un solo año, pero estas cifras en realidad resultan de la modificación del método de cálculo actuarial. De igual manera indigna que mientras en la mayoría de los medios de comunicación, se cuestionan las conquistas laborales, se guarda silencio ante las pensiones millonarias que reciben funcionarios y los ministros de justicia quienes con sólo 4 o 6 años de servicios y con aportaciones inferiores a las del resto de los trabajadores.

El proyecto gubernamental pretende eliminar la responsabilidad del Estado en la protección social del trabajo, limitando los derechos sociales a la capacidad económica individual y transfiriendo su manejo a la banca privada. En el IMSS, para sus propios trabajadores, se propone reducir inicialmente las pensiones en 30% y elevar en más del 40% el tiempo de cotización mediante el incremento de 10 años de trabajo y la edad de retiro a los 60 años. Establece el incremento de 500% de las aportaciones y fija el 15% de cuota a las pensiones de los jubilados que actualmente están exentos. Ofrece una pensión mínima garantizada de dos salarios mínimos, con un tope que no rebase el salario base. El nuevo esquema significa aportaciones definidas con beneficios inciertos.

Al interior del Sindicato de trabajadores del Seguro social crece el rechazo al acuerdo suscrito por su Secretario General Vega Galina con Santiago Levy en octubre de 2003. Por la voluntad de los trabajadores, el XXIII congreso del Sindicato del Seguro Social (SNTSS) demandó transparentar el uso de los fondos de pensiones y el manejo de las finanzas del Instituto mediante una auditoria previa a la revisión del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, también reclamó la restitución de los recursos utilizados para un fin distinto a sus objetivos originales.

Los trabajadores del Seguro social, superando la represión sindical que mantiene con sanciones a sindicalistas de la mitad de las secciones de todo el país, han dado una lucha ejemplar en la defensa de su contrato colectivo. Esto ha sido un dique a la privatización y desmantelamiento de la seguridad social en México. Rebasando a su dirección sindical han generado Amplias movilizaciones en la ciudad de México, Jalisco, Monterrey, estado de México, Veracruz, Puebla, Morelos, Veracruz, Guerrero entre otros estados; la base opositora a la mutilación del contrato colectivo rebasa los 200 mil empleados que el gobierno y el Comité Ejecutivo Nacional deben considerar antes de pretender imponer el cambio en las jubilaciones.

El próximo congreso nacional del SNTSS, se realizará en medio de la pugna por la renovación del CEN y la reprobación de la ineptitud y colaboración patronal de la dirección actual que ha minado derechos laborales y la prestación de servicios, al aceptar la prepotencia y unilateralidad patronal; sin embargo, la prioridad es dar vigencia al CCT y establecer una conducción democrática de la negociación consultando a las bases sindicales en cada centro de trabajo para resolver los términos de la revisión contractual y el aumento salarial.

Fracasó la política gubernamental, que logró la claudicación del charrismo sindical en particular las direcciones sindicales de la CTM, CROC, la FSTSE entre otras, fracasó el uso de las corporaciones de seguridad como son la AFI, PFP y la PJF que no logró quebrar la dignidad y lucha de los trabajadores; fracasó también el uso faccioso y la manipulación de algunos medios de comunicación con una agresiva campaña en contra de la legítima lucha de los trabajadores del IMSS por defender su Contrato Colectivo de Trabajo y la Seguridad Social de los mexicanos.

La Reforma Beltrones del año pasado, que impuso una modificación a la ley del Seguro Social, no ha mejorado los servicios, ha degradado a los peores niveles la atención a los derechohabientes y ha elevando la explotación de los trabajadores de la salud. Ante el fracaso del acuerdo Vega-Levy y de la reforma Beltrones, el gobierno necesita restituir el clima de negociación, cancelar la represión y persecución a los sindicalistas democráticos y recuperar el fin social de la institución.

Si estalla el conflicto en el IMSS, alcanzará a los trabajadores de la gran industria, las agrupaciones que tienen beneficios laborales a los mínimos, los afiliados al ISSSTE y los trabajadores universitarios que pugnan por la defensa de las conquistas alcanzadas en el pasado siglo y representan un contingente laboral superior a los 6 millones que están amenazados con las reformas a la seguridad social, a sus contratos colectivos y a la ley laboral. La democracia y la organización sindical es en estos momentos la palanca fundamental para la restitución de la legalidad laboral que al ser violada, ha lanzado al trabajo precario al 75% de la población ocupada.

Hoy la superación del conflicto pasa por convenir con los trabajadores un plan integral para el fortalecimiento de la seguridad social que considere auditar de manera independiente las finanzas del Instituto y reconozca la deuda que el Estado tiene con los trabajadores, restituyéndoles los millonarios fondos para seguridad social que acumularon durante décadas y les fueron despojados. También es indispensable suspender la reestructuración unilateral del IMSS, que de manera encubierta esta privatizando los servicios mediante la concesión y subrogación de servicios. El fortalecimiento de la seguridad social pasa por que el Estado asuma el fin social que la Constitución le marca, incrementando la cobertura a los 25 millones de trabajadores que hoy carecen de estabilidad en el empleo y seguridad social, lo que implica que el gobierno cambie prioridades y deje de proteger y rescatar a la banca que son los beneficiados de las reformas a la seguridad social. Hoy los excedentes petroleros pueden y deben tener el mejor destino: dirigirse a refinanciar los fondos de la seguridad social, invirtiéndolos en el aparato productivo que al mismo tiempo que generen dividendos para los futuros jubilados generen empleo digno para muchos mexicanos.

Continuar con la política antilaboral, que ahonda la miseria y la concentración de la riqueza, llevará al país a un conflicto social de grandes proporciones, pues los trabajadores lucharán por preservar las conquistas sociales que fueron producto de la Revolución Mexicana.


[1]   Integrante de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, sempo@correo.unam.mx; www.forolaboral.com.mx