POSICION ANTE EL ALBAZO LEGISLATIVO
NUEVA LEY DEL ISSSTE

ANTE LA PRETENCION DE REFORMAR LA LEY DEL ISSSTE
Y LEGALIZAR EL DESFALCO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PACTO SOCIAL PARA LA RECONSTRUCCION NACIONAL Y LA JUSTICIA SOCIAL

Nuevamente se pretende imponer una reforma a la seguridad social a espaldas de la sociedad y particularmente de los trabajadores mexicanos. Los partidos PRI y PAN han anunciado su acuerdo de modificar el régimen de jubilaciones y pensiones de los empleados públicos y de manera general la ley del ISSSTE.

Los diputados y el gobierno intentan reducir beneficios sociales e incrementar la carga de la seguridad social al trabajador, Sin haber transparentado el manejo de los fondos del ISSSTE, como se hizo en el caso del IMSS, y sin el necesario saneamiento del Régimen de jubilaciones y pensiones que sostiene una aberrante inequidad con pensiones millonarias para los funcionarios y magras jubilaciones para los trabajadores que desarrollan las actividades sustantivas del estado.

Ante la amenaza de un Albazo legislativo las organizaciones presentes manifestamos nuestro compromiso unitario por la defensa de la seguridad SOCAL y los derechos laborales de la clase trabajadora y declaramos:

I.        México es un país con una población joven, con un amplio patrimonio cultural y una inmensa riqueza natural.

II.       Las instituciones del estado posrevolucionario se han visto menguadas por la subordinación de los gobiernos a las políticas imperiales de las empresas globales. Los organismos internacionales han impuesto políticas económicas, que han disminuido la capacidad productiva nacional y socavada la soberanía nacional para transferir al extranjero la riqueza generada con el trabajo de los mexicanos, propiciando una mayor injusticia social y una exagerada concentración de la riqueza.

III.      Vivimos un profundo retroceso social expresado en la creciente miseria en que viven mas de la mitad de los mexicanos en el campo y la ciudad, las conquistas de los productores agrícolas y los trabajadores alcanzadas en el último siglo son objeto del ataque cotidiano desde las mas altas esferas del estado para beneficio del Capital Transnacional.

IV.      Las reformas estructurales se han impuesto quebrantando el estado de derecho en nuestro país. La privatización de las empresas y servicios públicos, la apertura comercial y la desregulación se han desarrollado pasando por encima de los derechos sociales de los mexicanos y con un franco incumplimiento del estado de sus obligaciones de procurar el bienestar de la población y defender la soberanía nacional.

V.       Las orientaciones del estado para superar la crisis económica y política de nuestro país han abandonado los principios de equidad y justicia social propiciando la exacerbación y conflictividad social por las profundas desigualdades y la descomposición de las instituciones. La impunidad en el saqueo de los recursos naturales, la impunidad en la sobreexplotación del trabajo, la impunidad en la corrupción de los altos mandos de las instituciones coludidos con los dueños del dinero constituyen los rasgos definitorios de la crisis de nuestro sistema de justicia.

VI.      El poder judicial subordinado a los intereses económicos y políticos de los poderosos, constituye un agravio para todos los mexicanos que ven violados cotidianamente sus garantías individuales y derechos humanos. Es urgente la restitución de la legalidad en México.

VII.     El incumplimiento de los derechos sociales tiene como su núcleo principal la violación a la legislación laboral mexicana y al abandono del estado en su papel tutelar del trabajo. La desregulación laboral y la precarización del trabajo son las condiciones que han impuesto los organismos financieros internacionales a los gobiernos neoliberales en las últimas décadas. El estado social sustituido quebrantando el orden constitucional, particularmente el derecho al trabajo digno y la seguridad social expresadas en el articulo 123 y las leyes laborales y los contratos colectivos de trabajo. El gobierno y el estado en su conjunto existen hoy en la ilegalidad destrozando las instituciones que la clase trabajadora y nuestro pueblo han construido.

VIII.    El derecho a la seguridad social es atacado para transferir al sector privado su gestión y sus beneficios económicos. El abandono de las obligaciones del estado se realiza trasladando las responsabilidades al individuo y soslayando los principios de solidaridad, integralidad, universalidad e igualdad. Hoy el incumplimiento de la función social del estado muestra la incapacidad del sistema político para cumplir una obligación histórica con los trabajadores de México. Así lo muestra la exclusión de la seguridad social de casi el 70% de la población ocupada, el deterioro del cuidado de la salud, las bajas pensiones, la baja protección de los asalariados en los riesgos de trabajo y las deficientes prestaciones sociales.

IX.      El camino de la privatización ha recorrido diversas facetas, el primer paso ha sido el desfinanciamiento crónico derivado de las bajas aportaciones del Estado y patrones, el desvió de los fondos de la seguridad social y la corrupción patronal en la afiliación obrera. Tal es el caso de los ingresos del IMSS y del ISSSTE que el año pasado fueron menores al 3% del producto interno bruto; en el caso del IMSS la aportación del Estado representó sólo el 22%, que equivale a 35 mil millones de pesos, esto es el 16% o la sexta parte de lo que se destino al servicio de la deuda publica. El gasto por Derechohabiente del IMSS al día alcanzo $9 pesos para la atención de las distintas prestaciones médicas y sociales a que esta obligado el IMSS. Cabe destacar que el estado a incumplido con el financiamiento de los servicios médicos de los jubilados derivados de la reforma del 95 que represento el año pasado mas de 18 mil millones de pesos; equivalente al 80% del gasto en medicamentos y material de trabajo.

X.       Un problema central es la disminución de la afiliación producto de la precarización del empleo, según el último informe de la dirección del IMSS el numero de trabajadores asegurados no alcanzaba el registro existente en el año 2000, por su parte el INEGI, en el primer trimestre de este año informó que el número de asalariados sin prestaciones, sin seguridad social llegó a 10.8 millones, monto equivalente a los asegurados permanentes del IMSS, que sumados a los 15 millones de mexicanos que se encuentran en el mercado negro laboral, el de trabajo informal, nos arroja la cantidad de 26 millones de mexicanos sin seguridad social, sin contrato de trabajo y por supuesto sin organización laboral.

XI.      La complicidad gubernamental y sindical con la evasión patronal se presenta en el rubro de la no afiliación, bajos salarios y eludir los riesgos y accidentes de trabajo. Que en el caso de los accidentes de trabajo significa la omisión de más de 4 mil millones de pesos de pago de los patrones.

XII.     La subrogación y la concesión de servicio a los particulares resulta escandalosa, la transferencia de centros recreativos, servicios auxiliares de diagnóstico y guarderías constituye el enriquecimiento de terceros en el manejo de prestaciones y servicios que está obligado a otorgar el Estado. Es importante señalar que en el caso de las guarderías la prestación a las mujeres trabajadoras cubre únicamente el 21% de la demanda y se encuentra mercantilizado el servicio que se presta al 80% de los hijos de las asalariadas.

XIII.    El caso de las reformas al régimen de jubilaciones y pensiones constituye el despojo del ahorro laboral de la clase trabajadora. La privatización de las pensiones es un retroceso histórico y representa el saqueo del siglo XX: la desaparición de los fondos sociales de dos generaciones. Inducido por los organismos financieros internacionales el Estado mexicano en la última década ha iniciado cambios estructurales para desaparecer el sistema de protección social de los trabajadores y sus dependientes económicos. Las reformas a las jubilaciones representa el abandono de la protección social del estado, con un explicito interés financiero. En el aspecto financiero se soslaya, la cuestión social y la dimensión técnica de la seguridad social. El argumento central establecía que la reforma impulsaría el ahorro y la inversión nacional, lo que redundaría en crecimiento económico, generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida. El resultado es un gran enriquecimiento del capital financiero, sin ninguno de los beneficios prometidos ni para el país ni para los trabajadores.

XIV.    Sin transparentar el manejo de los fondos de la seguridad social y específicamente los fondos de pensiones, el gobierno desde 1995 impulsa transformaciones para individualizar las pensiones, estableciendo beneficios en función del incremento de las aportaciones de cada trabajador extendiéndolas 15 años mas y cediendo la administración a empresas financieras particulares con criterios de lucro. El problema medular es la inexistencia de los fondos de pensiones acumulados en los últimos 50 años y la presión de la banca internacional sobre estos recursos financieros.

XV.     La propuesta especifica que promueve la Secretaria de Hacienda, establece el incremento del tiempo de cotización aumentando 10 años de servicio y estableciendo 65 años la edad para la jubilación, lo que representa que para un trabajador que inicia su vida laboral a los 20 años, necesita 45 años de trabajo para tener el derecho de retiro. Las aportaciones que se proponen son del 27% del salario para poder aspirar a una pensión equivalente al último salario. Sin embargo el cobro del manejo de los fondos que en promedio oscila entre el 23 y 25% de las aportaciones y la incertidumbre del mercado de inversiones significa un nivel de riesgo que no permite establecer el monto de los beneficios al final de la vida laboral. Debemos recordar las crisis del sistema financiero que se repiten cuando menos en dos ocasiones en una generación de trabajadores.

XVI.    żDónde quedó el dinero de los fondos laborales? es la pregunta que nos hacemos todos. El ahorro social constituido en las pensiones civiles para los empleados públicos y el IMSS establecidos en 1926 y 1943 respectivamente, en su primera generación que tenía una esperanza de vida de 37 años no obtuvo los beneficios de una jubilación. Un pequeño sector alcanzó pensiones por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o muerte. Es hasta los años 70?s que se inicia el proceso de jubilación y es a los mediados de los 90?s que el pago de la nomina de jubilados se iguala a los ingresos a los fondos de pensiones. Los distintos directores del IMSS e ISSSTE y el gobierno en su momento, han dado diferentes versiones sobre el destino del ahorro laboral, inversión en equipamiento, construcción de hospitales y centros vacacionales, llegando a la pretensión de que la transición demográfica y epidemiológica se los comió. Estamos hablando de montos cercanos a los 700 mil millones de pesos en el caso de los 2.5 millones de asegurados al ISSSTE y de mas de un billón y medio para los 12 millones de asegurados del IMSS.

XVII.   Cabe hacer una referencia particular respecto a los trabajadores del Seguro Social, que su fondo constituido de 1999 a 2004 supera los 90 mil millones de pesos, donde los ingresos al fondo son superiores a la nomina de sus jubilados. Los recursos inexistentes superan los 250 mil millones de pesos. Si restituyeran los fondos acumulados, con una tasa de rendimiento de 10% sería suficiente para cubrir la nomina y quedaría un excedente superior 100% de lo pagado.

XVIII.  No podemos concluir este tema sin mencionar el latrocinio de las afores, que manejan más de 900 mil millones de pesos cobrando comisiones del 25% por las aportaciones realizadas. El primer problema del manejo es que existen mas de 33 millones de cuentas de 15 millones de trabajadores, hace 3 años la cámara de diputados indebidamente e ilegalmente acordó utilizar 20 mil millones de pesos para gasto corriente del gobierno federal supuestamente seria dirigido para apoyar el campo, posteriormente los productores reclamaron que no llego ningún apoyo económico. la responsabilidad recayó en la comisión de seguridad social a cargo del PRD. Un segundo problema es que los recursos financieros de las afores no se han dirigido a la inversión productiva como se había anunciado, más del 80% se encuentran en cartera de bonos de gobierno y otra parte se invierte en instrumentos financieros en el extranjero.

XIX.    El caso de los fondos de vivienda, prestaciones sociales y servicios médicos guardan una situación similar.

XX.     Es necesario tener presente los costos para la sociedad de estas reformas que tienden a desaparecer la seguridad social, en primer lugar la exclusión de la mayoría de los trabajadores y la ampliación de las desigualdades. En segundo lugar la cancelación de derechos y la reducción de beneficios y la precarización de las pensiones, la mercantilización afecta la calidad de los servicios médicos. En tercer término el costo para las finanzas públicas ya que el estado asume la deuda de cubrir las pensiones en curso, servicios médicos y prestaciones de jubilados que en el caso del IMSS representara el 25% del PIB, mientras que en el caso del ISSSTE se plantea que superara el 15% de la economía. en contraste las inmensas ganancias irán a parar a las arcas de la banca internacional por partida doble, cobran por manejar los recursos económicos y cobran por prestar el ahorro laboral.

XXI.    En materia del cuidado a la salud las desigualdades en nuestro país crecen de manera insultante. Actualmente en nuestro país el gasto en salud alcanza el 6% del PIB, donde el 60% lo consume el sector privado que beneficia entre el 10 y 15% de la población, en tanto que el 40% de los recursos se destinan a más del 80% de los mexicanos. Respecto al derecho a la salud de los mexicanos que carecen de seguridad social, basta con señalar que el presupuesto para el próximo año considera 2 pesos al día por persona, para la promoción, prevención, atención médica y rehabilitación. Mientras que los recursos destinados al desarrollo social para quienes viven en la miseria alcanzan la suma de 1.40 pesos al día. Con lo que podemos concluir que el seguro popular y los programas contra la pobreza son un discurso que lentamente van agitando y provocando la paciencia de los mexicanos.

XXII.   Hoy queda claro que los dueños del dinero se unifican y organizan en el pacto de Chapultepec para mantener sus privilegios. Subordinados al extranjero (al capital transnacional), presionan para mantener el privilegio de explotar a los trabajadores y saquear a la nación. La concentración de la riqueza es indignante e inmoral ante la extensión de la miseria, lo que nos lleva a promover cambios profundos en la economía y la política. Resulta indignante que en el presupuesto público para el próximo año, el servicio de la deuda pública sea superior al gasto sumado para educación, salud, ciencia y tecnología, apoyo al campo y al combate a la pobreza. Debemos acabar con la riqueza inexplicable, la impunidad de empresarios, funcionarios públicos y dueños de los partidos.

XXIII.  Sin embargo este panorama sombrío tiene opciones para revertirlo, las impresionantes movilizaciones en defensa de la seguridad social y el sector energético son señales de que la clase trabajadora y el pueblo mexicano no se resignan a la explotación y a la perdida de nuestra identidad. Hoy tenemos la posibilidad de rearticular el movimiento social democrático, superando la ilusión de las amplias alianzas con los enemigos de nuestra clase. Hoy no se trata de preparar un programa para administrar la miseria, requerimos de un programa que reconstruya la economía, restituye la legalidad y recupere la soberanía nacional. Para ello es necesario la refundación del sindicalismo y la organización social, al mismo tiempo que se dignifique la política y restaure la militancia por el cambio social y político.

XXIV.  Para caminar en la reconstrucción nacional para la justicia social proponemos:

1)    Cambio de la política económica por un desarrollo económico con empleo, Salarios dignos y respeto a los derechos laborales y sociales de los mexicanos.

2)    Acabar con la impunidad, Restablecimiento de la legalidad, refundación del sistema judicial.

3)    Por el derecho al trabajo digno y redistribución de la riqueza.

4)    Aumento a los salarios mínimos. Integración de prestaciones al salario.

5)    Por un sistema universal de salud y seguridad social. Extensión de cobertura para todos los mexicanos.

6)    Democratización de los servicios de salud y seguridad social. Participación de trabajadores de la salud y derechohabientes.

7)    Reconocimiento de la deuda del estado con las instituciones de seguridad social y restitución de los fondos de pensiones y vivienda.

8)    Refinanciamiento de los servicios médicos. Suspensión de los subsidios al sector privado. Cancelación de la deducción de impuestos y transferir esos recursos al sector salud.

9)    Auditoria y castigo a los responsables del desfalco de las instituciones de seguridad social. Alto a la impunidad.

10)    Suspensión de la privatización de los servicios y la reestructuración unilateral.

11)    Respeto a las conquistas laborales y sociales de los mexicanos, derogación de las reformas antiobreras a la seguridad social y respeto a los contratos colectivos de trabajo.

12)    Reconstrucción y refundación del sindicalismo. Democracia, autonomía e independencia sindical.

En la larga lucha del hombre en contra de la injusticia, la miseria, el temor, la ignorancia, la enfermedad y la inseguridad, se han promovido muchas y muy variadas soluciones, pero entre todas ellas destaca en el mundo contemporáneo la fórmula de la seguridad social, que es la expresión más cercana a la justicia social anhelada por nuestro pueblo.

J. Antonio Vital Galicia
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos