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INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DEL ISSSTE:

PERDIDA DE DERECHOS LABORALES

Una de las grandes preocupaciones del magisterio es la amenazante reforma a la Ley del ISSSTE, como quedó demostrado en el XII Congreso Democrático de la Sección 9 realizado los días 2 y 3 de diciembre de 2005, pues sin ser aún aprobada dicha Ley, por la vía de los hechos es evidente que el gobierno foxista, al igual que lo hicieron Salinas y Zedillo, durante estos cinco años ha reducido el presupuesto dirigido al rubro de salud provocando desinversión, desabasto y deterioro de los servicios de la institución con la intención de desmantelar y privatizar la seguridad social.

Por ello, mucho han negociado los ricos y poderosos en forma discrecional sobre esta reforma para ver cómo se reparten el botín, al despojar a millones de trabajadores de sus derechos laborales y del ahorro que a lo largo de su vida laboral han reunido, con la esperanza de tener una jubilación digna. Sin embargo, éstos aún desconocen su contenido, funcionamiento e impacto, no se les toma en cuenta, y aunado a la desinformación, se muestran indiferentes respecto a su pensión para el retiro laboral y no perciben que se trata de su dinero para jubilarse.

Cabe recordar que en julio de 2003 el director de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Francisco Gil Díaz entregó el documento: "Una propuesta de Reforma al ISSSTE" a las Comisiones de Hacienda y de Seguridad Social del Senado, en donde se planteó un esquema financiero del ISSSTE propuesto y asesorado por el BID con el propósito de rediseñar el Régimen de Pensiones y Jubilaciones (RPJ), abrir al sector privado la prestación de servicios médicos y reorganizar la administración del instituto. Este documento es semejante al de la reforma aplicada al IMSS y promovido en su momento por dos personajes: Benjamín González Roaro, Director del ISSSTE, quien representa los intereses de Fox y Elba Esther Gordillo dirigente de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp) y Joel Ayala Almeida senador priísta y Presidente del CEN de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y representa los intereses de Roberto Madrazo candidato a la presidencia por el PRI-PVEM y de Carlos Salinas. Como era de esperarse, el 15 de diciembre de 2005 último día de periodo de sesiones, Joel Ayala se prestó a presentar el documento de la SHCP ahora titulado: "La Iniciativa con Proyecto de ley del ISSSTE", ante el pleno de la Cámara de Senadores la cual contiene la reforma al Régimen de Pensiones del ISSSTE para ser discutida y aprobada por los legisladores el próximo periodo de sesiones en febrero. Al adjudicarse la propuesta Joel Ayala, obtiene el máximo beneficio, en términos de poder y control sobre los trabajadores del Estado, en el marco de la disputa con la mafia de Elba Esther Gordillo.

Al presentar Joel Ayala la Iniciativa de Ley del ISSSTE ante la Cámara de Senadores y no a la Cámara de Diputados, viola los preceptos constitucionales. Y no lo hizo porque cuenta con la mayoría de los Senadores panistas y priístas que la aprobarían inmediatamente, sin necesidad de analizarla ni discutirla. En tanto, los Diputados cuestionan el rotundo fracaso de la reforma a la ley del IMSS y advierten que no existen las condiciones políticas, debido a la inconformidad existente por los recientes cambios legislativos a esta Institución, los cuales fueron apresurados e inconstitucionales y no resuelven el problema financiero, toda vez que traerá un ahorro de 19 mil millones en los próximos 20 años, frente a un pasivo de 340 mil millones de pesos. El mismo Santiago Levy aceptó que las reformas de seguridad social en América Latina no han mejorado la cobertura. Además no existe un diagnóstico, seguimiento y evaluación rigurosa de las reformas de la seguridad social.

En esencia la iniciativa de ley para reformar al ISSSTE, va más allá: mutila los derechos de seguridad social y los derechos laborales al facilitar el camino para reformar la Ley Federal del Trabajo, y modificar el artículo 123º. Constitucional. El impacto de esta reforma modificará totalmente al instituto, porque abrogaría la de 1959 al cambiar su sentido solidario y gremial por uno individual y mercantil, quebrantaría al sistema de pensiones, a 2.8 millones de asegurados y a más de 10 millones de derechohabientes, así como a 500 mil jubilados y pensionados y a 32 mil niños en guarderías. En consecuencia los derechos y conquistas de los trabajadores se verán limitados, condicionados o anulados.

Al hacer un análisis de La Iniciativa con Proyecto de ley del ISSSTE, se observa que la seguridad social en México deja de ser un bien necesario y un derecho constitucional; no presenta una reforma integral que resuelva de fondo los problemas y necesidades más apremiantes del ISSSTE; sólo contiene cambios corporativos y financieros de seguridad social en el ámbito nacional de manera autoritaria y pragmática; esta Iniciativa es semejante a la reformada ley del IMSS; no beneficia económica ni laboralmente a los trabajadores, las únicas beneficiadas son las empresas financieras extranjeras; en tanto, el gobierno federal renuncia a su obligación de proveer de seguridad social a los trabajadores del Estado, recayendo en ellos esta responsabilidad; su intención es fortalecer el ahorro interno en especial el ahorro de largo plazo y poder acceder a cuantiosas fuentes de capital doméstico y foráneo; se diseña en supuestos macroeconómicos estables con una base financiera sólida y un crecimiento sostenido del país y del mundo; por todo esto, ¡el sistema de cuentas individuales no garantiza pensiones dignas!

El ISSSTE, de ser una Institución con fines sociales, pasa a ser una Institución administradora e inversionista con autonomía financiera, con fines de lucro, al adjudicarse el patrimonio de los trabajadores, como: Las cuotas de los trabajadores, el importe crediticio de los créditos e intereses a su favor los intereses, rentas, plusvalías y utilidades obtenidas por inversiones, el importe de las indemnizaciones, pensiones caídas e intereses que prescriban en su favor, etc. Violando el derecho a la imprescriptibilidad, despojando a los trabajadores de su derecho a la seguridad social como se explica a continuación.

EN LA INICIATIVA SE PLANTEAN DOS EJES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

1. Para las pensiones:

El gobierno se deslinda de su responsabilidad expresada en la constitución de acuerdo con el art. 123 de otorgar seguridad social a todos los trabajadores mexicanos, y de proveerles de recursos dignos y suficientes para el retiro, sin embargo esta responsabilidad la transfiere al libre mercado, en manos de agencias privadas.

Promueve los programas de retiro voluntario y liquidaciones impuestas por la SEP-SHCP con el fin de recortar plazas de trabajadores del sector público, reducir el peso de las pensiones a mediano plazo y crear empleos precarios, inestables y sin derechos. En síntesis, anulan derechos como el de la jubilación que no está incluido en la Iniciativa de Ley.

En su lugar se crea un sistema basado en las cuentas individuales integrándose al salario todas las prestaciones de los trabajadores, para tomar del monto total la base de la cotización. Estas cuentas serán manejadas por las administradoras de fondos de retiro (Afore) regida por las leyes mercantiles y financieras y se invertirán en valores.

Aunque desaparece la antigüedad como requisito para la jubilación, se eleva de manera gradual la edad mínima de jubilación. En el régimen actual los hombres se jubilan con 50 años de edad y las mujeres con 48, ambos con 30 años de cotizar al régimen del Instituto, obteniendo una jubilación de 100% de su salario. En la iniciativa la pensión definitiva estará vigente hasta que el trabajador cumpla 65 años y las trabajadoras 63 años de servicio y 25 años de cotización, es decir se aumentarán 15 años de vida laboral, y se estaría cotizando en una Afore aproximadamente durante 45 años, si el trabajador entrará a los 20 años de edad en promedio, para retirarse con una pensión del 100 %.

La iniciativa para transitar del Régimen de pensiones y jubilaciones al de un sistema de cuentas individuales, propone dos opciones: Los trabajadores que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley cumplan con los requisitos tendrán derecho a elegir entre el régimen de pensiones de la Ley que se abroga y el del presente ordenamiento. Respecto al primero, se refiere a lo mencionado en el párrafo anterior. Sin embargo, estas edades se incrementarán de manera gradual, observándose los años de servicio. A partir del 2006 será de 50 para los trabajadores y 48 para las mujeres, después cada dos años se incrementará un año, y hasta el 2025 en adelante será de 60 y 58 años respectivamente.

Los que opten por la segunda opción, tendrán que pasar 5 años de vigencia para poder pensionarse deberán cumplir con los siguientes requisitos de edad o tiempo de cotización: I. Durante el 1er. año de vigencia deberán tener 50 y cinco años de edad o cotizar 29 o más años. II. En el 2º año deberán tener 54 años o cotizar durante 29 años o más. III. En el 3er año 53 años y cotizar 28 o más. IV. En el 4º año 52 años o cotizar 26 años o más. Transcurridos los 5 años, estos requisitos dejarán de ser exigibles. En esta situación los trabajadores estarán en una institución de seguros para contratar el Seguro de Pensión que les otorgue la Renta y el seguro de Sobrevivencia y realicen la inversión de dicha transacción. Tendrán Cuentas Individuales y se pagarán en Bonos de Pensión del ISSSTE, son valores emitidos por el Gobierno federal, tendrán cada uno, un valor nominal de 100 unidades de inversión (UDIS). Estos bonos no podrán ser reembolsables en efectivo, porque el gobierno entregará a los trabajadores un papel redimible a su retiro, en su cuenta de Afore.

Estas 2 opciones son para los trabajadores en activo, los jubilados, supuestamente, no observarían ningún cambio, se les respetarían los derechos adquiridos y el gobierno les pagaría su pensión correspondiente. Sin embargo, en lo referente a los demás seguros, prestaciones y servicios, no quedan claros en que términos quedarán en la Iniciativa.

Se incrementarán gradualmente las contribuciones del sistema de pensiones, en el régimen actual es de 7%, 3.5 lo dan los trabajadores y el 3.5% el patrón. En la iniciativa será de 12.7%, 6. 125% lo darán los trabajadores, 5.5% no dice quién y 1.5% se obtendrá de cuotas sociales equivalente al salario promedio de los trabajadores que cotizan al ISSSTE. Además, se incluye un esquema de ahorro voluntario solidario hasta del 5% del salario adicional en la cuenta individual, para incrementar su cotización.

El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno sólo de los empleos, además, el trabajador será reconocido para adquirir los derechos pensionarios, siempre y cuando labore 40 horas a la semana y el contrato sea por un periodo mínimo de un año.

A los trabajadores en activo se les dará un "bono de reconocimiento" para la documentación de los derechos adquiridos por la jubilación al momento de la reforma, es decir, se les creará una cuenta individual en una Afore con un depósito inicial equivalente al valor neto a la pensión a la que tienen derecho y sólo recibirán este bono a su tiempo de cotización, como resultado de la combinación de dos factores: la edad laboral y la edad física. A los trabajadores que entren después de la Reforma, el ingreso al sistema será directo y las cotizaciones serán depositadas en una Afore.

El anzuelo de esta iniciativa sería el de incorporar al derecho de "jubilación" a los trabajadores del Estado que tienen menos de 15 años, ya que actualmente no la tienen, este supuesto derecho de jubilación no es tal, puesto que estarían pasando al régimen de seguro privado igual que los trabajadores activos y los nuevos trabajadores que entren después de la reforma. También se les incluye a los trabajadores que no cuentan con seguridad en el empleo.

Como se advierte, el bono de reconocimiento es la vía para sustituir al actual RJP y con esto automáticamente se estaría renunciando a este derecho. Por su parte, el gobierno federal se desvincularía de su obligación de manejar el sistema de retiro de sus servidores públicos, respaldándose en la desaparición de los derechos por antigüedad a cambio de este bono de reconocimiento, que sería colocado en una Afore, esta transacción tendría un costo de un billón 600 mil millones de pesos y provocaría un elevado endeudamiento público, incluso llegaría casi a triplicar los 560 mil millones de pesos que manejan las Afore. A esa cifra se sumarán las pensiones en curso de pago, calculada en 56 mil millones de pesos durante el primer año de entrada en vigor de la reforma.

A la fecha, las Afore no han generado los rendimientos esperados, vía las cuentas individuales; las comisiones han sido altas y la mayor parte de la inversión de los fondos de las Afore, más de 430 mil millones de pesos se encuentran en papeles gubernamentales, en gasto corriente y en deuda. Ahora si se suman a las Administradoras los trabajadores al servicio del Estado, éstas estarían operando con un billón 800 mil pesos y de este total un billón 400 mil millones de pesos se hallarían en títulos del gobierno, que podrán ser invertidos en valores.

Respecto a la comisión obtenida por las Afore, en 2001 ganaron por cada 100 pesos, 24.88 pesos del ahorro de los trabajadores; en 2002, $ 24.66; en 2003, $ 21.64; en 2004, $ 21.25; y en 2005 fue de $ 20.55; estos datos muestran la desproporción en donde se ven beneficiadas las Afore a costa de los trabajadores que corren el riesgo de no obtener pensión y sólo podrán retirar los recursos que han incluido en sus cuentas durante su vida laboral.

Otra forma de beneficiar a los empresarios con el ahorro para el retiro de los trabajadores, que aportan ya más de 85 mil millones de pesos al año, se decidió el 17 de enero de 2005 invertir tanto en acciones como en valores del extranjero, en donde las Afore manejan dos nuevas opciones financieras para invertir el dinero.

Por un lado, pueden colocar valores internacionales hasta 20% del saldo total y, por otro, hasta 15% del mismo en instrumentos con capital protegido al vencimiento ligados a índices accionarios. Esto suscita algunas dudas. ¿Hasta qué grado estarán en riesgo los recursos ahorrados para cuando llegue la hora de su retiro laboral?, ¿Existen leyes que respalden a los ahorradores? ¿Cuál es el riesgo de crisis económicas e inflacionarias que impacten los ahorros como sucedió en diciembre de 1994? ¿Tienen experiencia financiera las empresas para manejar y administrar los ahorros? ¿En qué benefician estas políticas a los trabajadores? ¿Cómo es posible que a costa de los trabajadores los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres? ¿Hasta cuándo los trabajadores seguirán aceptando esta explotación y sometimiento?

Un análisis elaborado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados manifiesta que sólo 5.7% de los empleados registrados en las Afore podrán recibir su pensión completa y el resto 94.3 % perderán su dinero u obtendrán una cantidad menor a lo esperado. Esto se debe a que los trabajadores que ganen de 1 a 3 salarios mínimos, sólo podrán gozar de una pensión de 1, 400 pesos mensuales, y no podrán cubrir una pensión mínima garantizada de un minisalario. En tanto los que tengan ingresos de 5 salarios mínimos y cotizar durante 25 años podrán superar la pensión mínima garantizada.

Como parte de esta inequidad, los costos de la crisis económica del país durante más de 30 años la están pagando los trabajadores que han visto afectada la calidad de vida y sus derechos humanos, en tanto, deberán esperar 35 años de vida laboral para gozar de su dinero, siempre y cuando sus fondos sean suficientes y no sufran un desfalco como sucedió en EU y Argentina. En caso de que no alcancen pensiones dignas, el Estado, vía impuestos tendrá la obligación de financiar su retiro.

Esta Iniciativa minimiza la importancia que tienen las mujeres en la economía nacional, reduciéndolas sólo al ámbito doméstico y como reproductoras de la fuerza de trabajo, no se presenta un diagnóstico más profundo de su situación. Estas políticas privatizadoras contienen nefastos efectos siempre peores para las mujeres (mayor índice de desempleo, subempleo, bajos salarios, inequidad salarial en los puestos, etc.) La imposición de estas políticas, de ninguna manera estimulará la producción y empleo de ellas, para promover la equidad de género. Todo esto impide construir las bases de una real democracia. Por esto, las mujeres no deben excluirse de participar en la defensa de los derechos laborales y en la transformación de la sociedad.

Para administrar las cuentas individuales, el Instituto aumentará la burocracia, (mantenida con el ahorro de los trabajadores) al crear varios órganos desconcentrados dirigidos por una Junta Administrativa. Uno de ellos es el Pensionissste que operará con recursos obtenidos por las comisiones por administrar los recursos que les corresponden la cual invertirá los ahorros en el mercado de valores a través de una Afore pública, que garantice rendimientos con el menor riesgo será operada a través e un órgano financiero (6 representantes del Estado y 6 de los trabajadores) y se invertirá en 5 áreas rentables: a) petroquímica, b) gas natural, c) electricidad, d) vivienda y e) carreteras de cuota. El Pensionissste es una instancia de transición para llegar finalmente a las afores privadas.

2. Para los otros seguros:

La iniciativa agrupa los 7 seguros actuales, las 14 prestaciones y servicios a 4 seguros, análogos a los que tiene el IMSS y en un rubro de servicios sociales y culturales. Esto implicaría la compactación de los actuales 21 seguros de que gozan los burócratas, a los 4 que tiene ahora el IMSS:

1.    Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

2.    Invalidez y vida.

3.    Riesgos de trabajo.

4.    Salud.

Esto es con el fin de aumentar y centralizar el control de manera corporativa a los trabajadores en un mismo esquema de salud haciendo portable los seguros de los trabajadores que migren del sector privado al sector público o viceversa, dada la inestabilidad en el empleo (trabajo por contrato, honorario o eventual); además se reducen y compactan las cuotas de los trabajadores que trabajan en el sector público y el privado, evitando que tenga varias cuentas individuales, al decidir en cual de los dos manejará sus cuentas y se evitará la duplicidad de atención médica, al elegir entre el IMSS y el ISSSTE u otras instituciones públicas de salud para atenderse. Para ello se tendrá un expediente electrónico único para cada derechohabiente, actualizado periódicamente.

CÓMO SE PRETENDE IMPONER SOLO CUATRO SEGUROS Y SUS CONSECUENCIAS

I)     Seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) Es previsional y susceptible de individualizarse.

II)    El seguro de invalidez y vida (IV) cubrirá dos riesgos en la vida laboral activa: a) accidentes o enfermedades no profesionales y b) la debida protección a los familiares y beneficiarios en caso de muerte del asegurado.

III)   Riesgos de trabajo (RT) No se modifica y sigue cubriendo los accidentes y enfermedades profesionales incluyendo los accidentes en tránsito, ocurridos en el traslado del trabajador al centro de trabajo y de éste a su domicilio. Y se incluye las referentes a las desviaciones necesarias para pasar a la estancia de bienestar infantil en ruta al trabajo. La pensión es la que marca según la LFT por incapacidad parcial y el 100% del salario de cotización por incapacidad total o muerte, sin importar los años cotizados.

IV)  Seguro de salud. Se crea este seguro para pensionados, trabajadores al servicio del estado y sus familiares derechohabientes que sustituye al actual esquema de reparto anual. En este seguro se incluye la atención médica preventiva, atención médica curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental. Cuenta con cuatro aspectos:

1)    El régimen de reservas evita subsidios cruzados entre seguros en el IMSS y el ISSSTE.

2)    Comprende un régimen financiero basado en una cuota social de 5.5% de un salario mínimo y en donde se incluye el seguro de enfermedades y maternidad.

3)    Comprende separar administrativamente el financiamiento y la provisión de los servicios médicos. Asegura la existencia de un área de medicina y de salud y otra área de evaluación financiera que asigne recursos a los prestadores de servicios y regule los excesos en los patrones de demanda de medicamentos y cobre por los medicamentos con un esquema de control no oneroso para el paciente. Además se trata de estimular la eficiencia, abatir los costos y aumentar la productividad, en tanto los servicios estarán regulados por la ley de la oferta y la demanda.

4)    El ISSSTE deberá reconocer la antigüedad de un trabajador que haya cotizado en el IMSS y que éste último haga lo mismo, conservando su pensión para el retiro y la antigüedad para servicios de salud para pensionados.

Se separa el seguro de la invalidez y vida (IV) que protege al trabajador de contingencias ajenas a su control del seguro para el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) que es previsional y susceptible de individualizar su cuenta por dos vías: 1) Contratar un seguro de pensiones que le otorgue una renta vitalicia o 2) Mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora y efectuar retiros programados.

Desde una perspectiva de la política de estado, la propuesta para el seguro de RCV permitirá: aumentar la flexibilidad laboral, creando inestabilidad en el empleo, b) elevará la productividad intensificando las jornadas de trabajo y aumentará la explotación y c) se desviará el ahorro de cuentas individuales para fomentar el ahorro interno estimulando la inversión, la creación de empleos y el desarrollo económico del país.

Queda fuera el seguro de medicina preventiva y desaparece la pensión con el 100% de una incapacidad total, sólo se pensionará por 5 años, si tiene 60 años de edad y tendrá que contratar un seguro de pensiones que le otorgue una renta igual al salario de cotización. O se considera al incapacitado una pensión vigente hasta que cumpla 15 años y 25 años de cotización.

En caso de que el trabajador se invalide temporal o permanentemente, el seguro de IV o de RT cubre la pensión por ley y al mismo tiempo provee de recursos para hacer las cuotas y aportaciones a la cuenta individual de RECV como si el trabajador estuviera trabajando y se cubre la prima de un seguro de sobrevivencia, si el trabajador se incorpora a sus labores, se deja de pagar pensión de IV o de RT y vuelve a cotizar a su cuenta individual.

En caso de muerte del trabajador por riesgos de trabajo o no laborales los beneficiarios recibirán la pensión correspondiente y podrán retirar el monto de la cuenta individual en una sola exhibición. En caso de fallecimiento de un pensionado por riesgos del trabajo o invalidez, la pensión correrá a cargo del seguro de sobrevivencia que se adquirió por la pensión. A su vez los familiares derechohabientes tendrán derecho a retirar el monto de la cuenta individual o utilizarlo para contratar rentas por una cuantía mayor.

Los seguros de invalidez y vida y riesgos de trabajo, se consideran independientes de la pensión, lo que implica que los gastos recaerán en los recursos acumulados por el trabajador; aún cuando el artículo 123 frac. XIV de la Constitución establece que estos seguros son responsabilidad del patrón.

Acota las prestaciones y servicios a sólo 3: préstamos hipotecarios y financiamiento para la vivienda, servicios sociales y servicios culturales:

Se aplicará una tasa de interés a créditos ordinarios, especiales y de bienes de consumo duradero a un plazo: con un rendimiento mayor a 1.25 veces la tasa de certificación de la Tesorería. El trabajador pagará recargos en caso de que la Dependencia no aplique descuentos. Los recursos del fondo de préstamos no se destinarán a préstamos personales, se invertirán en instrumentos financieros del mercado que garanticen la más alta rentabilidad. El fondo de préstamos personales se constituirá por el valor de la cartera vigente de estos préstamos, el capital, más intereses y el valor de recursos disponibles.

Se crea una subcuenta de Fondo de vivienda que tendrá autonomía para utilizar los recursos de los mismos trabajadores para otorgarles créditos y deja de estar sujeto al subsidio presupuestal, haciéndolos autofinanciables, a costa del 5% del salario de cotización de los trabajadores, en tanto el gobierno se desentiende de dotar a los trabajadores de una vivienda digna. Este fondo será invertido en instrumentos financieros del mercado que garantizan alta rentabilidad y el menor riesgo posible con la autorización del a SHCP, pero sin la obligación de rendir cuentas a nadie de las ganancias obtenidas.

Los servicios sociales y culturales se financiarán con una cuota del trabajador de 0. 5% del salario de cotización y las dependencias y entidades darán otra parte igual. Estos servicios estarán sujetos al régimen financiero y esquema de reservas como es el caso de las estancias de bienestar infantil, donde las entidades y dependencias cubrirán el 50% del costo unitario por cada uno de los hijos de sus trabajadores que hagan uso de este servicio y el otro 50% recaerá en los trabajadores. Dicho costo será determinado cada año por la Junta Directiva.

Por lo tanto, recae única y exclusivamente la responsabilidad de cuotas y aportaciones en los trabajadores para cumplir con las obligaciones de los seguros y servicios a cargo del Instituto, el cual se desentiende también de las reservas de los seguros en caso de contingencias y desfinanciamiento, la población beneficiaria cubrirá cada seguro conforme a sus peculiaridades y costos de prestación de los servicios con lo cual se verían afectados los que menos tienen. De aprobarse la reforma con todos estos descuentos se prevee que los trabajadores en el mejor de los casos obtendrán una pensión de 38% del monto cotizado a lo largo de su vida laboral de lo que sería la pensión actual del 100%.

Por las razones expuestas, se considera que la reforma a la Ley del ISSSTE es más agresiva que la aplicada al IMSS, puesto que la crisis financiera de la Institución no se resolverá con medidas férreas de control administrativo y financiero dirigidas sólo a las pensiones sin revisar los servicios médicos, los seguros y otros conceptos al elevar las cuotas de los trabajadores por imponer la optimización y eficientización de los recursos financieros y humanos. Demostrando con ello, que no existe un proyecto nacional e integral de seguridad social.

Además, existe inconformidad porque sólo se les ha responsabilizado a los trabajadores de esta crisis, sin reconocer el verdadero problema: la corrupción, el despilfarro, el desvío de fondos, la evasión de cuotas. Lo cual manifiesta que El Sistema de seguro privado sólo beneficia a un selecto grupo de administradores con un mercado cautivo, limita el acceso y genera exclusión: sólo los que tengan capacidad contributiva y empleo seguro, profundizando la privación de derechos, sin resolver el problema de fondo.

Por su parte el Estado renuncia definitivamente a su responsabilidad de proveer de pensiones y salud dignas y suficientes a los trabajadores. En tanto, los salarios y el monto de las jubilaciones se reducirán. Así en el futuro, se estará dando un aumento de la feminización de la pobreza y en especial el sector de jubilados, así como el aumento de la indigencia y el desempleo, previendo un futuro desolador para los trabajadores, esto será posible si se permite que la reforma pase. O bien, la unidad y la lucha de los trabajadores se levante con fuerza y dignidad por el bien común y no de unos cuantos. Como se advierte en todas partes de la República, los trabajadores de la educación sin importar bandera e ideología política junto con otros trabajadores del estado y el pueblo en general se oponen rotundamente a que se les arrebaten los derechos adquiridos como es el de la Seguridad Social.

PROPUESTAS DE ACCIÓN

Ante esta situación de incertidumbre y de falta de rumbo del país, los trabajadores, que somos los que producimos la riqueza de este país, defenderemos nuestros derechos hasta las últimas consecuencias. Como punto de partida, es necesario la unidad y organización de los trabajadores afiliados al ISSSTE con el fin de definir, previo análisis, estrategias comunes dirigidos no sólo al rescate del ISSSTE o a la Seguridad Social, se requiere también la definición del proyecto de nación al que aspiramos como proyecto alternativo frente al neoliberalismo. Otro mundo es posible, ya lo están demostrando países sudamericanos.

l     Participar en las movilizaciones en defensa de la salud y la seguridad social con otros sindicatos y organizaciones para impedir que de manera unilateral se aprueben las reformas a la seguridad social.

l     Manifestarnos en paro indefinido en el momento de que la propuesta sea presentada a la Cámara de diputados.

l     Acelerar el proceso informativo, en donde se propongan acciones concretas para frenar la privatización de la jubilación y la seguridad social.

l     Luchar por el mejoramiento, conservación y universalización del sistema pensionario público, solidario y redistributivo que prevé la Ley del ISSSTE.

l     Participar en los foros, encuentros, frentes y acciones que tengan por objetivo frenar la reforma y afectación a la seguridad social.

l     Participar en los procesos de resistencia y avanzar en la organización para defender los contratos colectivos, las condiciones generales de trabajo y las Instituciones de Seguridad Social.

¡EL SISTEMA DE CUENTAS INDIVIDUALES NO GARANTIZA UNA PENSIÓN DIGNA!
¡POR EL BIEN DE TODOS, POR EL BIEN DE LA PATRIA, DEFENDAMOS LO NUESTRO!
¡EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NI UN PASO ATRÁS!
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!

Enero 2006